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Decreto N° 675/03

Por el cual se deroga el decreto numero 20.753/98 y se crea el registro de proveedores de servicio para fines estadisticos.


Asunción, 28 de Octubre de 2003

VISTO:

El Decreto Nº 20.753/98 del Poder Ejecutivo, "Por el cual se reglamenta la prestación de servicios especializados en el territorio de la República" , y la Resolución Nº 288/98 dictada por el Ministerio de Industria y Comercio; y

CONSIDERANDO:

Que en el Decreto mencionado se establece como obligación la inscripción en un Registro de todas las empresas proveedoras de servicios en el territorio de la República como condición indispensable para realizar cualquier actividad económica.

Que, igualmente, los Artículos 3º, inciso e) y 4º del citado Decreto, exigen a los profesionales o técnicos prestadores de servicios el registro previo en el Colegio de Graduados, Agremiación o Asociación que estén debidamente habilitados y a los cuales pertenezcan o les correspondan por ser afines:

Que, asimismo, el mismo Decreto excluye a los prestadores de servicios de carácter financiero.

Que, por otro lado, la Resolución Nº 288/98, que es consecuencia del Decreto mencionado, establece regulaciones, entre las que se destaca la de crear el Registro instituido en el citado Decreto, denominándolo Registro de Empresas Prestadoras de Servicios Especializados (Repse); la de reconocer a las Asociaciones o Gremios empresariales o profesionales como Entidades Calificadoras, con atribución de aprobar o rechazar las solicitudes que presenten los prestadores de servicios; la de imponer sanciones a los prestadores de servicios inscriptos o no en el Repse y a las personas físicas o jurídicas que contraten servicios de empresas inscriptas o no en dicho registro.

Que bajo este contexto, el Poder Ejecutivo desde hace un tiempo viene revisando las normativas, analizando si éstas se hallan ajustadas en un todo al sistema legal positivo, tal como fueron concebidas, en consonancia con las perspectivas que se tuvieron en cuenta al dictarse.

Que concomitantemente, como es de público conocimiento, se han generado controversias entre los diversos actores económicos sobre la congruencia entre esas normativas y la Constitución Nacional y leyes vigentes, cuya envergadura acrecentó la necesidad de su revisión y análisis de manera exhaustiva, para evitar estériles conflictos que en nada contribuyen a mantener una convivencia armónica y pacífica tan necesaria en nuestros tiempos.

Que del minucioso análisis realizado, surge que la exigencia de inscripción en el Repse como requisito previo "habilitante" para aquellas personas, físicas o jurídicas, que deseen prestar servicios, constituye una restricción o limitación que, a su vez, supone la transgresión de normas constitucionales y legales

Que cualquier limitación a principios, garantías y derechos constitucionales y, en particular, de la libertad del ejercicio de trabajo o profesión lícitos, necesariamente debe contemplarse en una ley específica que regule de manera clara y precisa esa limitación orientada en todos los casos a precautelar el interés público.

Que, asimismo, como es de conocimiento, dentro de la esfera del derecho público rige el principio de que solo se puede ejecutar o realizar lo que está expresamente permitido, de ahí que algunas atribuciones como la de encomendar a entidades privadas la facultad de aprobar o rechazar solicitudes de inscripción en el Repse, o como la de regular cuestiones relacionadas a la prestación de servicios, sin el sustento de una ley, podrían lesionar principios constitucionales, como los consagrados en los Artículos 3º, 47, y 107 de nuestra Carta Magna.

Que, igualmente la Resolución Ministerial Nº 288/98, excede los límites del marco normativo del Decreto en el que se sustenta, contrariando el orden de prelación consagrado en el Artículo 137 de la Constitución Nacional.

Que los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria y Comercio resultan coincidentes en el sentido de considerar que tanto el Decreto como la Resolución Ministerial mencionados atentan contra expresas normas constitucionales y legales.

Que en virtud de estas consideraciones, compete al Poder Ejecutivo revisar la juridicidad del Decreto Nº 20.753, del 23 de abril de 1998, y en función a la facultad conferida por el Articulo 238 de la Constitución Nacional, derogarlo por contrario imperio.

Que a los efectos de contar con un registro de prestadores de servicios, a los fines estadísticos para la elaboración de planes y políticas gubernamentales, es necesario disponer la creación de un órgano registral dependiente del Ministerio de Industria y Comercio al solo efecto de los propósitos mencionados.

POR TANTO:

en ejercicio de sus facultades cosntitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:


Art. 1º -

Derógase el Decreto Nº 20.753/98, "Por el cual se reglamenta la prestación de servicios especializados en el territorio de la República" y todas las resoluciones dictadas en consecuencia.

Nicanor Duarte Frutos
El Presidente de la República
Ernst Bergen
Ministro de Industria y Comercio


















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